2006. Dic. Respuesta a Carta Abierta por parte de German Correa Presidente EPV

Comentarios del Presidente del Directorio de Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) a la Carta Abierta a la Presidenta Michelle Bachelet entregada a la opinión pública el día 4 de diciembre de 2006 por un grupo de organizaciones sociales.

La Carta Abierta enviada por un grupo de organizaciones sociales a S.E. la Presidenta de la República sobre el proyecto Puerto Barón de EPV está plagada de falsedades, que Empresa Portuaria Valparaíso se ve en la necesidad de rechazar:

1. Se dice que el proyecto Puerto Barón incluye la construcción de "altas torres de edificios". Si bien el proyecto original presentado por EPV en septiembre de 2003, para que la I. Municipalidad de Valparaíso autorizara cambios al Plan Regulador (PR), incluía una torre, ello fue sustancialmente reformulado con posterioridad, acogiéndose las propuestas de distintas organizaciones sociales y personas, que en lo principal apuntaban a disminuir las alturas de las edificaciones. El PR finalmente aprobado para Puerto Barón cumplió todas las exigencias urbanísticas que precisa la Ley General de Urbanismo y Construcción.

2. La carta insiste maliciosamente en un concepto inexistente: EPV no está vendiendo las hectáreas licitadas, sino que sólo las está concesionando por 30 años. La única porción enajenable del terreno es aquella bastante minoritaria, 10% del terreno, que se destinaría a la construcción de 250 departamentos. Por lo tanto, al término de los 30 años de concesión y habiéndose amortizado plenamente las inversiones allí realizadas, esos terrenos volverán al pleno goce y uso de EPV, para los fines que estime oportuno destinarlos.

3. La ley de EPV le permite llevar a cabo el proyecto Puerto Barón, según quedó claramente establecido en los diferentes análisis jurídicos realizados sobre la materia. Además, no exite dictamen de la Contraloría ni fallo de tribunal de justicia alguno que señale lo contrario.

4. Se dice que este proyecto pone en riesgo la capacidad de expansión portuaria del puerto de Valparaíso. Falso. De hecho, las propuestas de expansión del puerto derivadas de las diferentes consultorías técnicas encargadas por la Empresa señalan, todas, que el puerto debe expandirse aprovechando al máximo sus aguas abrigadas, es decir, desde el actual Espigón hacia el sector de Bellavista, y la expansión proyectada partirá de esa base y no alcanza ni remotamente el área de Barón. El principal activo de PV, su zona de aguas protegidas por el molo, permite alcanzar una capacidad de transferencia del orden de los 20 millones de toneladas (actualmente se transfieren 8 millones). Todo esto, además, sin considerar la posibilidad de expansión también hacia el sector sur, lo que tiene amplia coherencia con el traslado del ingreso al puerto al área sur, por el camino La Pólvora, a partir de 2007.

5. Se señala en la Carta Abierta, sin fundamento alguno, que este Proyecto habría estado plagado, desde su inicio, de "ilegalidades y arbitrariedades". Pese a que estas organizaciones han levantado demandas en los tribunales, no hay fallo alguno que así lo establezca.

6. Es falso que en el Proyecto Puerto Barón "casi no existen" los espacios públicos sino, "a lo más, unas pocas calles". Habrá dos plazas, cada una de sobre 10 mil metros cuadrados, más un paseo costero de 1.200 metros de largo, 700 de los cuales tienen 40 mts de ancho, además de calles internas de uso público y de la arbolada Avenida Bicentenario que correrá paralela a la vía férrea. Esto sin considerar los espacios públicos que las mismas construcciones contendrán, como calles vidriadas que atravesarán las edificaciones y que darán continuidad visual hacia el mar a las calles que desde la ciudad desembocan en Puerto Barón

7. Los detractores del Proyecto Barón señalan que la Empresa tendrá que realizar cuantiosos pagos al concesionario. EPV debe pagar una suma al concesionario por los espacios públicos obligatorios que debe tener el proyecto, recibirá, a su vez, un arriendo mensual y un porcentaje sobre los ingresos del concesionario durante los 30 años de concesión. Dichos ingresos superarán los egresos que EPV tenga que hacer, resultando en consecuencia un proyecto rentable para la Empresa y para la propia ciudad, que contará con amplios espacios públicos, 7 hectáreas, sin costo alguno de construcción y de mantenimiento para el Municipio o la ciudadanía, por 30 años. Si éstas se destinasen a espacios públicos y áreas verdes, sólo en mantenimiento habría que gastar mensualmente más de 240 millones de pesos, sin considerar su construcción. Tal gasto está completamente fuera del giro de EPV y le sería legalmente imposible realizarlo. La I. Municipalidad, por su parte, no está en condiciones financieras de aumentar su carga de gastos, a lo menos por algunos años. Por lo tanto, de no hacerse el Proyecto Barón, el destino de esas hectáreas sería la degradación y el deterioro, o bien tener allí un muro permanente de contenedores, lo que no parece muy urbanístico, manteniendo la imposibilidad de que la ciudadanía acceda al borde costero. La ejecución del Proyecto Puerto Barón es la única alternativa realista de abrir el borde costero a la ciudadanía porteña.

8. Es falso que esta concesión de Puerto Barón impedirá la instalación allí, eventualmente, de museos o acuarios. En el contrato de concesión está considerada y normada tal posibilidad por EPV, de acuerdo a lo que los promotores de tales iniciativas han planteado. Por lo tanto, es falso que esa posibilidad se elimine o coarte. Todo lo contrario, el propio concesionario de Puerto Barón entiende y favorece la importancia de promover tales proyectos culturales, porque ello contribuye a rentabilizar más aún su propio proyecto.

9. Es falso que al impulsar el Proyecto Puerto Barón EPV esté buscando sólo hacer "un buen negocio" y lucrar, sin tener en cuenta ninguna otra consideración. .El proyecto obviamente debe ser privadamente rentable, ya que de otro modo no habría habido nadie interesado en realizar las cuantiosas inversiones requeridas. Pero, además, el proyecto debe tener en cuenta, por ley, los intereses patrimoniales de EPV. Lo que EPV recibirá como aporte neto a su patrimonio será un terreno estructuralmente consolidado que mejorará sustancialmente el relleno que es hoy el área concesionada.

10. Es falso que para disfrutar el Año Nuevo en el Mar los ciudadanos tendrán que "pedir permiso" al concesionario, como dicen los suscriptores de la Carta. Los espacios públicos de Puerto Barón serán de libre uso público, sin interferencias de ninguna especie, excepto, por supuesto, aquellas que tengan que ponerse, en su momento, para salvaguardar la seguridad de las personas.

11. Es falso que la Bodega Simón Bolívar haya sido declarada "monumento nacional" por el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales. Todo lo contrario. En sesión del 8 de noviembre pasado, ese Consejo rechazó conferir tal carácter a dicho inmueble, lo que había sido solicitado por estas mismas organizaciones sociales como una manera de obstaculizar el Proyecto Puerto Barón. No obstante, EPV y el Concesionario respetarán plenamente las disposiciones de la Ficha Técnica de dicha Bodega, establecida por la I. Municipalidad de Valparaíso, que señala con precisión las formas de intervención que son aceptables para preservar su valor arquitectónico.

12. La referencia a los fondos del BID que hacen los suscriptores de la Carta no tiene absolutamente nada que ver con el Proyecto Puerto Barón ni con EPV. Los fondos BID son de programación y uso exclusivo de la I. Municipalidad de Valparaíso.

13. El pequeño y mediano comercio local está contemplado que se haga parte privilegiada en el Proyecto Puerto Barón, para quienes se reservará espacio en las áreas comerciales construidas y se estimulará a que se incorporen al proyecto mediante diferentes mecanismos.

14. Los trabajadores portuarios no se verán afectados en absoluto por Puerto Barón. Por el contrario, la expansión en capacidad que se hará en el puerto, como consecuencia del plan estratégico de desarrollo de EPV, que no se verá obstaculizada por el Proyecto Puerto Barón, generará muchos nuevos empleos.

15. Es falso que haya restricciones legales que impidan a EPV la suscripción de este Contrato de Concesión. Las impugnaciones que estas organizaciones han levantado ante los tribunales de justicia, a fin de impedir que se realice, están en trámite y no hay fallo judicial alguno que impida a EPV ejercer su legal derecho a suscribir este contrato. Si las empresas o entidades públicas tuvieran que detener su accionar ante cualquier desafío judicial a sus resoluciones y acciones, podríamos llegar al absurdo de tener un sector público totalmente paralizado y sometido, en la práctica, al virtual chantaje que podría ejercer hasta un individuo que decidiera cuestionar judicialmente el actuar de alguna autoridad o entidad pública.

16. Finalmente, es una afrenta irresponsable y gratuita a la honorabilidad de los ejecutivos de EPV, tanto del pasado Directorio como del actual, que este grupo de organizaciones sociales señale que en el proceso de llevar adelante este Proyecto se hayan producido actos de "corrupción" por parte de EPV y sus autoridades. Nadie tiene derecho, ni por la mejor y más digna de las causas, a enlodar la reputación de esas personas, todas ellas profesionales serios dedicados y fuertemente comprometidos con el servicio público. Hacerlo es una bajeza. El uso de malas artes para la defensa de una buena causa, sólo la deslegitima.