REPLICA A CARTA ABIERTA CONTRA PROYECTO PUERTO BARON

Desoyendo todos los consejos, quisiera replicar varias de las acusaciones
que están contenidas en la "Carta Abierta" que ciertas organizaciones
ciudadanas de Valparaíso dirigieron a la Presidente de la República, en
relación al proyecto Puerto Barón. Doy por sentado que la motivación de
los adherentes de la carta en cuestión es su genuino interés por el
devenir de Valparaíso, y no es mi intención hacer uso de la ironía, el
sarcasmo y las descalificaciones personales, aunque sean recursos
retóricos fáciles y poderosos.

Respecto al supuesto gran negociado

Al leer la carta, supongo que lo primero que a un lector desinformado le
queda, es que estaríamos frente a un gran negociado, del que se benefician
cuantiosa e irregularmente la empresa adjudicataria y la EPV, habiéndose
coludido para ello con otros Órganos del Estado tales como la
Municipalidad de Valparaíso y el MINVU. Creo que el argumento es falaz e
injurioso, pero tal como la carta lo menciona en detalle, serán los
tribunales de justicia quienes lo diriman. Sin embargo, es posible y creo
necesario, entregar algunos antecedentes que sustentan mi apreciación
respecto a la falsedad de la acusación.

En primer lugar, si el negocio fuese tan jugoso como en la carta se
sugiere, llama la atención que sólo una empresa se haya interesado en
presentar una oferta. Como se sabe, la licitación estaba abierta a todos
los inversionistas nacionales, e incluso internacionales, y EPV hizo todos
los esfuerzos de difusión posibles para interesar al mayor número de
inversionistas. El que haya sido sólo una empresa la que finalmente
presentó ofertas demuestra claramente que, dado los riesgos involucrados
(especialmente de demanda), no estamos frente a un negocio de desmedida
rentabilidad.

Ello es así precisamente porque las exigencias establecidas por EPV a los
potenciales interesados tienen que ver con objetivos de interés social y
no de rentabilidad privada.  Entre otras, dichas exigencias se refieren a
restricciones de altura (en lo sustancial, las edificaciones no superan la
altura actual de la bodega o de las edificaciones de Errázuriz),
constructibilidad, y cantidad y calidad de espacios públicos (más del 60%
del total de superficie disponible está destinada a espacio público, y el
adjudicatario se hace cargo de su mantención con un alto estándar por 30
años).

En segundo lugar, descartándose que estemos frente a un gran negocio para
la empresa privada, podría ser, como se sugiere en la Carta Abierta, que
lo sea para EPV. Resulta que por Ley, la empresa portuaria no puede
participar en emprendimientos que le reporten una ganancia menor a un
cierto umbral. Es una exigencia razonable el pedir que las inversiones no
vayan a pérdida y tengan una mínima rentabilidad. Ahora bien, la
rentabilidad mínima exigida es realmente mínima, y corresponde a haber
invertido en Pagarés Reajustables del Banco Central (PRC). Como se sabe,
existe una relación inversa entre rentabilidad y riesgo. Pues bien, los
PRC son los documentos menos riesgosos que existen (es el Estado quien los
avala, y el riesgo país de Chile es muy bajo), y por tanto los de más baja
rentabilidad. De hecho, cuando se fijan las tarifas a las empresas que son
monopolios naturales (por ejemplo, el agua), el precio que el regulador
establece se asocia a una determinada rentabilidad a obtener por parte de
la empresa (la tasa de costo del capital, es decir lo que el inversionista
obtendría en una inversión alternativa plausible). Dicha rentabilidad o
tasa de costo del capital está a su vez conformada por dos variables: una
tasa muy baja, pero libre de riesgo, más un premio por el riesgo.
Normalmente, la tasa libre de riesgo (y por tanto, insisto, muy baja) es
la tasa que entregan los PRC.

Como vemos, lejos de estar orientados por un desmedido afán de lucro, la
rentabilidad que EPV está obteniendo con este negocio (equivalente a la de
los PRC) es bajísima. Nuevamente, la razón de lo anterior es porque la
motivación de EPV no es, en este caso, maximizar sus ganancias como lo
afirma la Carta Abierta, sino que intentar maximizar los beneficios
sociales que se derivan del proyecto Puerto Barón. Por ello estuvo
dispuesta a sacrificar su rentabilidad a la mínima que la faculta la Ley,
con el fin de poder imponer las máximas exigencias orientadas por
motivaciones urbanas de interés social, y aún así aspirar al interés de
algún inversionista privado por desarrollar el proyecto en cuestión.

El supuesto gran negociado no es tal.

Respecto a las características del proyecto

Tal como fue concebido, el proyecto Puerto Barón constituye un esfuerzo,
como los ha habido en la historia de Valparaíso, de avanzar la ciudad
hacia el mar. Las ciudades contienen negocios comerciales, casas
habitaciones, equipamientos culturales, calles y espacios públicos como
plazas y parques. Pues bien, esa es la mezcla de usos que contempla el
proyecto Puerto Barón. No sé si los firmantes de la Carta Abierta tienen
un consenso respecto al uso que allí debiera existir, pero cuesta entender
cuál sería el gran daño que se inflingiría a la ciudad con el proyecto tal
como está planteado.
Veamos.

Quizás algunos preferirían que no se hiciera nada, o que la zona se
desarrollara para uso portuario. Todas las opiniones son legítimas, pero
creo que existe bastante consenso en la conveniencia de que la ciudad
tenga un contacto directo con el borde costero, lo cual se logra con el
proyecto en cuestión.

Alternativamente, alguien podría preferir que se desarrollara un parque de
20 hectáreas en dicha zona. Parece una propuesta interesante, pero se
descartó porque todos los expertos consultados, gente de renombre mundial,
recomendaban crear ciudad en ese espacio, con los diversos usos antes
señalados que una ciudad tiene, y no un gran espacio público que amén de
resultar oneroso y difícil de mantener y resguardar, no generaba mayor
dinamismo en la alicaída economía de la ciudad.

Por último, a mucha gente le molesta que, entre otros usos, allí se
instale un mall. En rigor, el proyecto planteado es un conjunto de locales
comerciales, cines, teatro al aire libre, edificaciones para viviendas,
áreas de convenciones, un hotel y la mayor superficie ocupada por espacio
público (calles y plazas). O sea, la mezcla de usos de cualquier ciudad, y
en términos arquitectónicas se descarta el cubo típico tipo mall. Pero,
claro, a nivel de concepto de negocios, el adjudicatario es Mall Plaza.
Personalmente confieso que menos me gusta la Coca Cola que los malls, pero
creo que sería exagerado prohibir la Coca Cola, y no sería apropiado
excluir a los malls de la ciudad para impedir que la gente compre en
ellos. Por lo demás, más allá de las opciones personales respecto a este
tipo de negocios, no se puede desconocer que la mayoría de los chilenos
prefiere ir allí para comprar, ir al cine o comer.

Es más, las mismas fuerzas y tipo de empresarios que levantaron en el
siglo XIX las edificaciones que conforman la actual trama urbana, hoy
hacen que se levanten malls, o faraónicas torres bicentenario, tanto en
megaciudades norteamericanas, como en Santiago de Chile, París o Quito (de
hecho en esta última ciudad, Patrimonio de la Humanidad como Valparaíso,
el grave problema del comercio callejero se solucionó organizando a dichos
comerciantes en varios malls en pleno centro histórico de la ciudad).

La hipótesis según la cual el nuevo comercio que existiría en el proyecto
Puerto Barón provocaría la desaparición del comercio local presupone que
la economía se comporta como un juego de suma cero (lo que unos ganan, lo
hacen a expensas de que otros lo pierdan) y desconoce que en la actual
situación y sin que se pueda culpar a las grandes tiendas de ello, el
comercio local de pequeña escala lejos de desarrollarse en forma vigorosa,
se encuentra en un precario equilibrio de subsistencia. Con la apertura
del borde costero en la forma planteada, lo que se busca es dinamizar la
economía tanto por la consecuencia directa de inyectar nuevas inversiones
(US$ 100 millones), como en forma indirecta al hacer más atractivo
Valparaíso como un todo, con lo cual se espera que todos ganen (el
crecimiento de un país o una ciudad es por definición una situación en que
se genera más riqueza, hay más empleos, aumenta el ingreso, y por tanto un
juego que no suma cero).

La ciudad requiere de dinamismo, y lo que con el Proyecto Barón se ha
hecho es intentar aprovechar las fuerzas del mercado que hoy mueven a la
economía, en función de un diseño de proyecto con marcada orientación
social como se explicó más arriba.

El legítimo trasfondo político de la carta

Me parece que lo que queda, y en último término motiva la airada diatriba
contenida en la mencionada carta, es una legítima objeción de fondo a un
modelo económico basado en el mercado y la propiedad privada. Esta es una
opción política que reclama un cambio radical a la política económica y
ordenamiento social del país, encarnada por lo demás en un movimiento
político que la representa (Juntos Podemos) y que compitió con un
candidato a Alcalde en las últimas elecciones (apoyado por las mismas
organizaciones firmantes de la carta), siendo también un conspicuo
impulsor de dichos movimientos candidato a Concejal.

Muchos aspiramos a transformaciones sustanciales, en particular en
relación al rol del mercado en la consecución de metas sociales. En
democracia, la discusión política respecto al significado del desarrollo y
cuál es la mejor forma de alcanzarlo, resulta siempre pertinente y es muy
válida.

Sin embargo, una cosa es discrepar honesta y lealmente en relación a cómo
han de hacerse las cosas, y otra muy distinta acusar de corruptos e
incompetentes a quienes no compartan nuestras ideas sobre cómo han de
solucionarse los desafíos públicos. Creo que es hidalgo también reconocer
que las opciones políticas, esto es la forma de abordar y solucionar los
distintos desafíos sociales, son debatidas y en último término decididas
democráticamente.

De todas formas, si somos honestos, y tratando de ser rigurosos en lo
argumental, nadie podría afirmar con total certeza que conoce la fórmula
del desarrollo. Evidentemente que en función de la reflexión y estudios,
cada quien actuará y defenderá sus ideas con mayor o menor convicción,
pero la prudencia intelectual obliga a reconocer que podríamos estar
equivocados, y que las mayorías no siempre tienen la razón. Aun así, en el
proyecto se ha trabajado con profesionalismo, dedicación y honestidad, y
el resultado refleja un proceso, no la decisión arbitraria de una o un
grupo de personas. Es más, es muy posible que incluso para quienes hemos
participado en dicho proceso, dicho resultado no concuerde plenamente con
lo que pensamos individualmente.

No cabe más que esperar que el proyecto se realice en los mejores términos
posibles, sin descuidar la calidad de la arquitectura (este es un aspecto
crítico que resultará determinante sobre el impacto social del proyecto),
los espacios públicos, y todos los compromisos exigidos por EPV y
adquiridos por Mall Plaza, y que como resultado de lo anterior, la ciudad,
tal como se espera, ofrezca a sus habitantes y a quienes la visitan, un
lugar de singular atractivo que viene a llenar un vacío, y que potencie a
la ciudad en su conjunto.

Alfonso Salinas M., Ph.D.
Gerente Unidad Ejecutora Programa de Recuperación y Desarrollo  Urbano
"Valpo Mío"
Profesor Universidad Alberto Hurtado